Plantar cara a la crisis

Una de las consecuencias, y al mismo tiempo de las causas, de la crisis económica actual es la negativa de las entidades financieras a conceder créditos a las empresas y a las familias. En nuestra opinión es la pieza clave de la crisis actual: la falta de liquidez está ahogando a las Pymes y a los autónomos, impidiendo que puedan pagarse unas empresas a otras, amenazando el mantenimiento del empleo y, por tanto, lastrando el consumo y la actividad económica en general.

Con la intención de garantizar la puesta en circulación del dinero de las entidades financieras, el 12 de noviembre de 2008 se firmó un convenio entre las entidades financieras aragonesas, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales, y el Gobierno de Aragón para poner en marcha una línea de avales, a través de Avalia SGR, por un importe de 120 millones de euros destinados a favorecer el acceso de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos aragoneses a la financiación de sus proyectos.

El citado convenio entró en vigor el pasado 5 de diciembre, aunque hasta el momento no ha dado los frutos esperados. Las entidades continúan renuentes a aprobar la concesión de créditos, lo que ha motivado la denuncia pública por parte de las organizaciones empresariales y sindicales. Según se publicó el 15 de enero, de las 62 solicitudes presentadas hasta el momento, sólo se habían aprobado 4 créditos por valor de un millón de euros, mientras otras 8 continuaban en estudio.

Los aragoneses no podemos entender para qué se están guardando el dinero las entidades financieras, a qué esperan para ponerlo en circulación. Si el sistema financiero aragonés por sí mismo, a pesar de la línea de avales del Gobierno de Aragón, no atiende, con la agilidad y la profundidad debidas, la necesidad de financiación que precisan los emprendedores aragoneses para reactivar la economía, los responsables públicos debemos buscar nuevas medidas que contribuyan a resolver este problema, que resulta fundamental en estos momentos. Por eso, desde CHA hemos propuesto crear un instrumento público de crédito de la Comunidad Autónoma, en la línea del Instituto de Crédito Oficial o del Institut Catalá de Finances, que acometa la inyección financiera que necesita nuestra economía para arrancar de una vez. Su nombre podría ser el de Instituto de Finanzas de Aragón (aunque nos vale cualquier otro) y debería ponerse en marcha cuanto antes. En el actual contexto de crisis resulta imprescindible, pero en el futuro, en un ciclo más favorable, también podría ser útil a los intereses generales de Aragón.

El texto de la Proposición no de ley es el siguiente:

“Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a aprobar, en el plazo más breve posible y en todo caso en el actual período de sesiones, el proyecto de Ley de creación del Instituto de Finanzas de Aragón, entidad de derecho público que actúe como instrumento principal de la política de crédito público del Gobierno de Aragón. Este organismo, entre otras funciones, desarrollará una política de concesión de créditos a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos aragoneses con el objetivo de responder a la falta de liquidez que está lastrando en la actualidad la actividad económica en Aragón”.